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La reciente “activación” por parte del Gobierno de EEUU del controvertido Título III de la conocida como “Ley Helms-Burton” debe poner en alerta al sector turístico hotelero de nuestro país con intereses en Cuba, por tratarse de uno de los principales afectados por las medidas previstas en la referida normativa.

Los abajo firmantes –en coautoría con nuestros socios americanos de “Diaz, Reus & Targ, LLP”- ya realizamos una primera aproximación sobre esta cuestión en un artículo publicado el 18 de abril en “Expansión”, de manera que, en este momento, nos vamos a centrar en concretar cuáles pueden ser las claves que permitan al sector hotelero español que opera en Cuba conocer les efectos y tomar las medidas necesarias para protegerse de las consecuencias de la aplicación del Título III de la citada Ley –sobre “Protección de los Derechos de Propiedad de Nacionales de los Estados Unidos”-, aprobada en marzo de 1996 durante el mandato de Bill Clinton, y reactivada por el Gobierno de Donald Trump tras permanecer 23 años en suspenso.

 

Para conocer las claves para la defensa conviene realizarse una serie de preguntas que nos permitan identificar las cuestiones a tratar y las medidas que se deberían adoptar.

1. ¿Quiénes pueden demandar a hoteleros españoles en EEUU a la vista de la normativa “Helms-Burton”?

Las demandas pueden ser interpuestas por ciudadanos estadounidenses –particularmente los cubanos emigrados a EEUU- que se hubieran visto desprovistos de sus propiedades en Cuba, con motivo de las nacionalizaciones llevadas a cabo tras la revolución castrista.

Para acreditar su titularidad resulta suficiente con que los ciudadanos estadounidenses interesados aporten un certificado expedido por la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero (“Foreign Claims Settlement Comission (FCSC)”, conforme a lo previsto por la “Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949”.

2. ¿Qué pueden reclamar de acuerdo con el Título III de la Ley “Helms-Burton”?

Los afectados pueden reclamar ante las cortes federales de EEUU una indemnización de daños y perjuicios por el mayor de los siguiente valores: la suma certificada por la “FSCS”,o el valor de mercado de la propiedad, bien en la actualidad, bien en el momento de la confiscación incrementado por el interés legal, añadiendo los costes judiciales y los honorarios de abogados, en todos los casos.

Una de las dudas que plantea la aplicación del Título III surge con motivo de la aplicación por las propias cortes federales de una norma extraterritorial sin el consentimiento expreso por parte del Estado extranjero afectado o su establecimiento mediante un Convenio Internacional, algo que ya dio lugar en su momento a una denuncia de la UE ante la OMC.

3. ¿Quiénes podrían ser demandados en EEUU?

Las demandas pueden ser dirigidas frente a quienes, de forma consciente e intencionada, puedan estar haciendo uso de los activos nacionalizados o se beneficien de ellos (“trafficking”).

En lo que ahora nos interesa, las reclamaciones judiciales en EEUU pueden entablarse frente a aquellas sociedades “mixtas” constituidas por empresas cubanas y cadenas hoteleras españolas que desarrollan su actividad sobre las propiedades en su día confiscadas por la dictadura de Castro.

Adicionalmente, el Título IV de la normativa “Helms-Burton” establece la posibilidad de decretar, además, la prohibición de entrada en los EEUU a los empresarios, directivos, accionistas y familiares de todos ellos que hayan confiscado o traficado con las propiedades nacionalizadas, así como la posibilidad de acordar su expulsión del territorio estadounidense, algo que podría generar graves problemas a las cadenas hoteleras.

4. ¿Qué normativa ha adoptado la Unión Europea para “contrarrestar” los negativos efectos de la “Ley Helms-Burton”?

A pesar de la lógica alarma que genera la activación de la “Ley Helms-Burton”, las empresas españolas del sector turístico hotelero que operan en Cuba dispondrán de un mecanismo de protección jurídica frente a las eventuales reclamaciones judiciales que pretendan iniciarse en EEUU.

Y es que para contrarrestar los efectos de la “Ley Helms-Burton” (los económicos, que no los de índole personal), en su día la Comunidad Económica Europea reaccionó aprobando un “antídoto” jurídico, consistente en la promulgación del Reglamento (CE) nº 2271/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996, que además de atribuir una serie de acciones y derechos a los ciudadanos y empresas comunitarias, establece una obligación de información. 
 
5. ¿Qué obligación tienen las empresas hoteleras españolas en caso de tener conocimiento de que se les están aplicando las medidas de la “Ley Helms-Burton”?

Las empresas mixtas hoteleras o turísticas españolas tienen el deber de notificar a la Comisión Europea, en un plazo de sólo 30 días, sobre cualquier acción o situación conocida que pueda afectar a sus intereses económicos o financieros.

La obligación recae sobre los directores, ejecutivos y otras personas con responsabilidad en la gestión. La información puede ser facilitada directamente a la Comisión o a través de las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros –en nuestro caso Ministerios de Asuntos Exteriores y de Industria, Comercio y Turismo-.

6. ¿Qué vías de defensa de sus derechos tienen las empresas hoteleras españolas en caso de verse afectadas por las medidas de la “Ley Helms-Burton”?

Además de su legítimo derecho de defensa en EEUU ante las reclamaciones judiciales planteadas en aquel país, para lo cual deberán designar allí abogados que le represente, el Reglamento (CE) nº 2271/96 autoriza a las empresas hoteleras afectadas a reclamar la correspondiente compensación frente a la persona física o jurídica que sea autora de los daños ocasionados con motivo de la demanda interpuesta en EEUU, o incluso frente a cualquier persona que actúe en su nombre o como intermediario en Europa. Para ello podrá iniciar  un procedimiento judicial –de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil- ante los tribunales de cualquier Estado miembro en el que el autor de los daños o su representante o intermediario posea activos (“Blocking Statute”). La localización de activos de los demandantes en EEUU pasará, pues, a resultar una labor esencial.

Y es que para hacer efectiva la reparación íntegra de los daños causados a las empresas españolas demandadas, éstas podrán reclamar judicialmente en Europa la incautación y venta de activos de cualquier clase que los demandantes en EEUU dispongan en el territorio de la Unión Europea.

7. ¿Autoriza la normativa comunitaria europea a que se reconozcan y ejecuten las sentencias dictadas en EEUU en aplicación de la “Ley Helms-Burton”?

El Reglamento “antídoto” prohíbe, además, el reconocimiento y ejecución en cualquier país comunitario de toda resolución o sentencia que se encuentre fundamentada en la “Ley Helms-Burton”.

El efecto práctico de la aplicación de las medidas protectoras de los derechos de las empresas españolas que operan en Cuba, es que nos encontraríamos con que las eventuales sentencias dictada por los Juzgados o Tribunales estadounidenses resultarían ejecutables allí pero inejecutables en territorio de la UE, o que en caso de trabarse algún embargo, la legislación europea permitiría a las sociedades españolas iniciar acciones judiciales contra los bienes de los denunciantes americanos que se encuentren en territorio de la UE como compensación y resarcimiento de los daños provocados por la acción derivada de la Ley Helms-Burton.

8. ¿Qué medidas debe adoptar el sector turístico hotelero español para estar preparado ante las eventuales reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses?

Para un efectivo ejercicio de las medidas de defensa de los intereses de las sociedades mixtas dedicadas al sector turístico hotelero en Cuba, es necesario que estén previamente preparadas, resultando para ello conveniente que los antecedentes de sus inversiones en la isla sean analizados por abogados procesalistas españoles y americanos, con objeto de diseñar la estrategia judicial conjunta de cara a plantear de forma coordinada las oposiciones a las acciones y eventuales ejecuciones de sentencias que puedan entablar los ciudadanos o empresas de EEUU ante los Tribunales de este país.

A modo de ejemplo, con una estrategia procesal adecuada, se podrá valorar cómo bloquear los mecanismos de emplazamiento y de “discovery” de las empresas hoteleras españolas en los procedimientos seguidos en EEUU ó garantizar la efectividad de los embargos a practicar sobre los activos de los ciudadanos estadounidenses en territorio comunitario europeo, circunstancia que obviamente provocará que aquéllos lo valoren seriamente antes de activar su reclamación de acuerdo con las medidas de la Ley Helms-Burton.

 

Eliseo M. Martínez y Tomás Villatoro son socios de “Ius+Aequitas Abogados” (Madrid) y socios españoles de “Diaz, Reus & Targ, LLP”, del que Michael Díaz y Marta Colomar son socio fundador y director, y socia administradora en Miami (EEUU), respectivamente.  

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