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Nuevamente, se han vuelto a olvidar. No lo han tenido en cuenta. Mucho decir que el sector turístico es básico para nuestro país; que supone más del 50 % del movimiento económico durante muchos meses en muchas zonas de España; que suma la facturación más potente para muchas actividades conexas que no aparecen dentro del apartado del PIB, porque injustamente nos asigna poco más de una décima parte de nuestro peso económico… Pero se les ha vuelto a olvidar.

Y si no se les ha olvidado, entonces no tiene perdón aprobar unas medidas que con certeza van a ser nefastas a medio y largo plazo, destruyendo una parte del tejido productivo y decenas de miles de pymes turísticas, cuyos propietarios se verán en gravísima situación económica, perdiendo sus negocios, sus ahorros, su casa y sus ganas de empezar de nuevo desde las cenizas.

Sabemos que legislar para todos no es fácil, y menos en una situación difícilmente previsible, desconocida y global. La sanidad debe ser el centro de actuaciones en la que pivoten las decisiones, pero, al mismo tiempo, las medidas han de ser planteadas ante grupos de expertos no ideologizados de una forma parcial, sino ante expertos en proyecciones económicas y sociales, expertos sectoriales que indiquen las prioridades y sean capaces de encajarse dentro de las medidas sanitarias.

El turismo y la hostelería en España, conformado por una gran estructura de pymes y micropymes, con centenares de miles de autónomos y un puñado de grandes empresas que son modelo de gestión a nivel mundial, creadoras de empleo estable y que ejercen como las mejores embajadoras de la marca España, observan impotentes cómo las medidas laborales, fiscales, de financiación y otras, aprobadas últimamente, van a hacer imposible en la mayoría de los casos que se retome la actividad a corto y medio plazo, abocando a decenas de miles de ellas al cierre definitivo y a la destrucción del tejido empresarial.

A nadie se le oculta que hay tres crisis juntas. La sanitaria, la de movilidad y la de confianza. La sanitaria, con medidas radicales de confinamiento y fondos para la gestión, se solucionará antes que después. Pero nos tememos que, para evitar rebrotes, tal y como hecho China, se cerrarán muchas puertas y se acabarán muchos viajes. Pasará mucho tiempo, y es más que posible que nunca volvamos a niveles de conectividad como hace dos meses, miles de millones de viajeros yendo a todas partes, turismo que satura algunas ciudades, aeropuertos al límite, cruceros, congresos y MICE… Es muy posible que este parón modifique a medio plazo nuestros hábitos.

Esa segunda crisis de movilidad solo se superará cuando las compañías aéreas restablezcan las conexiones… y esto, ¿cuándo será? En seis meses seguro que no. Los turoperadores, los vuelos charters, las líneas regulares, las navieras… no podrán arriesgar a crear la demanda, sino que se adaptarán a ella.

Si a esto sumamos la crisis de confianza, este parón insospechado de back to the basics… ¿cuándo tendremos de nuevo ocupaciones del 70% en establecimientos dirigidos a clientes de alto poder adquisitivo o también ocupaciones altas para más de un millón y medio de plazas de alojamiento reglado y otros millones de plazas de viviendas turísticas?  ¿Qué va a suceder con los precios cuando la demanda sea muy débil y con una guerra encarnizada entre oferentes? Este escenario que planteo no creo que sea apocalíptico, creo que es el que nos llega. Y, por tanto, más que nunca, se exigen medidas. Y medidas contundentes.

El Gobierno pide para sí bonos europeos. Para liquidez. Lo apoyamos. Pero al mismo tiempo, con sus créditos estatales, incardinados en el ICO, nos sorprende e indigna que se limite el acceso a la postergación en el pago de impuestos a las empresas de más de 50 trabajadores o de 6 millones de euros de facturación. Esto supone que muchos hoteles, la mayoría, se quedan fuera… ¿No es un disparate? ¿Por qué no se amplía a todos? ¿Es que esas empresas no crean empleo, no compran a proveedores o contribuyen a la estabilidad de cientos de miles de familias? Y siguiendo con la financiación, ¿para cuándo una carencia en las operaciones hipotecarias de las empresas, exonerando esas operaciones del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, así como con bajos honorarios de registradores y notarios? ¿No sería necesario modificar las condiciones de las provisiones bancarias para que estas operaciones de refinanciación no computen en su morosidad? Esto no es un problema de tipos de interés, es un problema de poder hacer frente a proveedores, arrendatarios, trabajadores y su entorno.

Si analizamos las medidas laborales, ¿a quién se le ocurre que en seis meses vamos a tener la misma demanda para tener el mismo nivel de empleo?, ¿o cómo vamos a hacer frente a una parte de la contribución a la seguridad social cuando sin esa demanda los ingresos estén congelados y en muchos casos con temporadas terminadas? No somos una fábrica de sillas, o de neumáticos, ni una gestoría que empieza a funcionar mañana con demanda recuperada.

Por último, no hay medidas fiscales para ayudar a las empresas, la más potente herramienta de un gobierno europeo. Es de ingenuos pensar que se va a recaudar el IVA y el IGIC, o el Impuesto de Sociedades de empresas abocadas a pérdidas y cierres. Y esta política fiscal sin modificar puede dar lugar a cerrar mucho antes que lo que hubiera sido la simple caída de la demanda, por no encajar su recuperación con un nivel coordinado de gasto contenido.

Necesitamos básicamente que aumente la sensibilidad ante la realidad turística. Se necesita financiación con aval público para este periodo largo que se nos avecina de crisis de demanda; se necesitan medidas de empleo que no destruyan a las empresas, medidas fiscales para posponer los pagos a momentos que llegarán y necesitamos empezar a pensar en el mañana, en esas campañas especiales de acogida, de agradecimiento, de empuje, para que la rueda pueda volver a funcionar. Las actuales medidas han caído como plomo fundido en las espaldas de las empresas y trabajadores a los que represento. Estamos a tiempo de cambiar y que esta pandemia no acabe con lo que nos costó forjar durante más de 60 años.

Ramón Estalella, secretario general de CEHAT.