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La incertidumbre de los hoteles sobre sus perspectivas de apertura e ingresos ha llevado a muchos de ellos a adoptar urgentes medidas de recorte de gastos, tramitando ERTEs, y a aprovisionarse de liquidez mediante la solicitud de líneas ICO u otras ayudas aprobadas para el sector. Tras estos pasos, los hoteleros deben saber que cuentan con un abanico de herramientas en el ámbito concursal que, bien enfocadas, pueden ayudarles a mantener su viabilidad para superar con éxito la situación en la que se encuentran. El estado de alarma ha supuesto la adopción de algunas medidas procesales y organizativas en el ámbito de la justicia que ayudarán a incentivar la apuesta por la viabilidad de las empresas y agilizar estos procesos concursales en el corto y medio plazo.

De acuerdo con la Ley Concursal, se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, siendo un deber legal solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido, o debido conocer su estado de insolvencia. La situación actual puede provocar que muchos hoteles se encuentren en la disyuntiva de no poder hacer frente a sus obligaciones exigibles en los términos pactados y que comiencen a acumular deudas financieras, de proveedores, de acreedores públicos, etc. Así, deben sopesarse las distintas opciones que existen en el tablero de juego para reestructurar la deuda y los plazos que se tienen para ello, de forma que se pueda salvar el negocio hotelero en cuestión y los administradores no incurran en ningún tipo de responsabilidad.

Una de las medidas excepcionales adoptadas en el ámbito de la justicia por el Gobierno ha sido conceder una moratoria a los deudores que se encuentran en estado de insolvencia para solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Queda suspendida, pues, hasta dicha fecha la obligación de actuar en el plazo de dos meses que recogíamos en el párrafo anterior. Del mismo modo, hasta el 31 de diciembre de 2020, en principio, no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores contra el deudor.

No obstante, los administradores de los negocios hoteleros no deben confiarse pues ello no significa que no puedan incurrir en responsabilidades por causar o agravar la insolvencia durante este periodo. Además, los hoteleros deberán valorar los riesgos de que los acreedores puedan instar sus remedios para la recuperación de sus créditos e iniciar ejecuciones contra el patrimonio, ya que tales ejecuciones no han sido desactivadas por el estado de alarma.

Los hoteleros pueden plantearse, de un lado, reconducir su situación a través de soluciones pre-concursales, entre las que destacamos los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente y los acuerdos extrajudiciales de pagos o, de otro, instar el concurso de acreedores, en el que ahora nos centraremos como herramienta útil para los deudores que necesiten “hibernar” durante la crisis de la Covid-19 mientras deciden qué opción de reestructuración necesitan para su hotel.

El concurso –que se tramitará ante el juzgado de lo mercantil- permitirá al hotelero dejar de pagar sus deudas anteriores sin que los acreedores puedan ejecutar sus créditos y embargar el patrimonio ya que, durante el concurso, el hotel gozará del “escudo protector” que le hará inmune frente a ejecuciones o embargos de sus acreedores (incluyendo los créditos públicos). El empresario podría así paralizar el pago del servicio de la deuda, que en muchos casos ni siquiera devengaría intereses y centrarse en hacer los pagos asociados a los contratos operativos o de circulante necesarios para la continuación de su actividad, con la consiguiente mejora en la posición de su tesorería.

Además, el abanico de medidas de reestructuración en el concurso es muy amplio. En el concurso se pueden llevar a cabo medidas de reestructuración operativa como, por ejemplo, recortes de plantilla, si hiciera falta, o la resolución de contratos gravosos y el mantenimiento de aquellos que, aunque incumplidos, realmente sean esenciales, y ello sin necesidad de hacer uso de la fuerza mayor o de las cláusulas rebus sic standibus de las que tanto se ha echado mano en los últimos tiempos. Igualmente, en el concurso tienen cabida herramientas de reestructuración financiera a través de un convenio con los acreedores con opciones de contenido también muy diverso, todas ellas aptas para poder superar la insolvencia.

Por su parte, el concurso también es el marco idóneo para llevar a cabo la venta de una o varias unidades productivas delimitando el perímetro exacto de los elementos que conformarían dicha unidad productiva y teniendo la opción, incluso, de poder hacerlo de un modo ágil al comienzo del procedimiento, a través de los denominados “pre-pack”, sin que sea descartable que pudiera ser el propio socio de la empresa hotelera el adquirente último de las mismas, si bien con algunas restricciones. Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas en los concursos se han decretado de tramitación judicial preferente hasta el próximo mes de marzo de 2021 con el claro propósito de mantener la actividad de las empresas y preservar su valor.

No debe olvidarse, por último, que entre las medidas decretadas a raíz del estado de alarma se encuentra también la medida de carácter temporal de la mejora en el rango del dinero nuevo aportado por los socios de una sociedad concursada, que, habitualmente, tiene un rango de crédito subordinado (postergado en el tiempo, sin garantías y sin derecho de voto). Esta medida incentiva la inyección de financiación de los socios o personas vinculadas al hotel. Cuando la financiación haya sido canalizada a través de un convenio de acreedores, esta financiación podrá contar con el máximo rango de prelación (crédito contra la masa) si posteriormente se incumple el convenio y se abre la liquidación. Si se trata de ingresos de dinero por parte de personas vinculadas al hotel producidos tras la declaración del estado de alarma, o subrogaciones por pagos realizados por estas personas especialmente relacionadas también realizados tras el estado de alarma, esta financiación tendrá el carácter ordinario si se declara un concurso antes del 15 de marzo de 2022.

En definitiva, son muchas las opciones que tiene el empresario hotelero que pueda haber caído en situación de insolvencia con motivo de la crisis de la Covid-19; entre ellas, es destacable el papel del concurso cuyo estigma asociado debe dejarse a un lado, pues realmente se trata una herramienta que sirve para ayudar y proteger al negocio hotelero en dificultades, con incontables medidas a disposición del empresario deudor. A la vista de los presupuestos de la insolvencia que apliquen a la compañía, los requisitos necesarios para acceder a las distintas herramientas concursales y los efectos que de cada una de ellas se derivan, cada empresa hotelera deberá recibir su asesoramiento a medida. En cualquier caso, no es necesario esperar hasta el último momento que concede la moratoria arriba apuntada para decidirse a instar el concurso; el correspondiente análisis y la adopción de medidas no debe retrasarse para no reducir el espectro de soluciones disponibles y las alternativas de viabilidad del hotel.

Por Marina Lorente, Asociada Senior, Garrigues

 

Llevo unos días pensando que quizá no hemos sabido explicarnos correctamente en las demandas que venimos realizando al Gobierno desde el sector alojativo de nuestro país, pieza clave para la recuperación económica de España y seguro que de varios de nuestros vecinos europeos. Así que se me ocurrió que quizá con un símil sencillo sería más fácil trasladar nuestro mensaje. No podrán decir jamás que no lo hemos intentado por activa y por pasiva.

Así que imagínense que el sector alojativo en España es un Ferrari en la línea de salida de una carrera, preparado con su piloto, sus protocolos de seguridad, su casco, por supuesto… Pero resulta que tiene muy poco combustible en el depósito, el que nos dieron en modo de créditos ICO, porque ni siquiera los turoperadores nos han pagado los meses disfrutados de 2020. Bien, pues tenemos por delante una carrera, pero no contamos con un circuito profesional, sino una ruta algo empedrada por la que llevar nuestro coche.

El director de la carrera −el presidente Pedro Sánchez−, conocedor de esta realidad, no pone esas medidas de seguridad necesarias, con lo que cualquier accidente puede ser mortal, se nos puede cruzar de nuevo por delante algún ‘animal’ en forma de virus y hacernos perder la carrera o la vida de la propia empresa. Además, si se nos para el coche no tenemos grúa, porque ahora mismo no tendríamos forma de que nos llevaran al taller para arreglar la avería.

Y esto sucede porque el director de la carrera no va a la misma velocidad que permiten el circuito, el coche y la propia carrera. Sabe que el Ferrari es un vehículo potente, lo reconoce, que da siempre buenos resultados, pero no sabe cómo funciona ese motor para sacarle el máximo provecho. Ese coche y esa carrera necesitan gasolina, pero no solo en forma de créditos ICO, sino en forma de carencias en las hipotecas, para que el combustible sea de mayor octanaje y no se acabe en mitad de la carrera.

También necesitamos, como decía antes, esa grúa, a través de los ERTE, que tienen que ser flexibles, por fuerza mayor y que exoneren a las personas que no están trabajando en estos momentos y les puedan dar una mínima cobertura, si no hasta final de año, al menos hasta el 31 de octubre.

Pero también hay que trabajar en esa pista que no tenía las mejores condiciones y que ahora mismo no es apta para nuestro vehículo tan especializado y de alta tecnología. Esa pista no puede ser una carretera comarcal, tiene que ser una autopista o una autovía con medidas de seguridad uniformes, que no varíen en función del país europeo en el que estemos. Nuestra carrera tiene que ser segura, tenemos el vehículo para ello, y no se trata de quién es el más rápido o el más laxo en las medidas que se apliquen, según el estado europeo del que hablemos.

A esto sumamos un elemento fundamental: el público. Es el jugador número 12 de cada equipo en un partido de fútbol, ahora que regresa la Liga. Y para que el público se anime tiene que ir a la carrera, pagar su entrada, pero hay que estimularlo para que lo haga. Tenemos la posibilidad de incentivarlo en el ámbito impositivo, no solo con medidas fiscales para las empresas, sino también para los consumidores. Una rebaja del IVA temporal, que puede ser estimulante para el sector, o una desgravación en el IRPF de los gastos vacacionales de este año en la Renta que hagamos en 2021 son propuestas cuerdas. Seguro que estas medidas ayudarían a aflorar a otros corredores de carrera −alquiler vacacional ilegal− que van por caminos secundarios, que tratan también de llegar a la meta, pero nadie los ve porque están opacos a la tributación.

Por último, para poner a punto nuestro Ferrari necesitamos también a los mejores mecánicos en nuestro box, que cuando pidan repuestos a las diferentes fábricas −ministerios− se autorice su adquisición por parte del director de carrera, porque si no nuestro coche no va a poder continuar corriendo en las mejores condiciones, que es lo que todos queremos y necesitamos.

Pregúntennos al sector cómo hacerlo, estaremos siempre encantados de poder contribuir al desarrollo de nuestro país.

Jorge Marichal, presidente de CEHAT

Mira que tenemos paciencia… Desde el primer momento de esta crisis ‘covidiana’ hemos sido de largo el sector más afectado y todo indica que desgraciadamente lo seguiremos siendo mucho tiempo. Todos los ministros y ministras, ¡incluso el de Consumo!, tan conocedor del turismo, han hablado del nuestro como el sector clave para este país y su recuperación. Es curioso que siendo tan clave lo dejen fuera del grupo de ‘los cuatro fantásticos’, y eso que la ministra Maroto tiene en su cartera un 40% del PIB del país, junto con Industria y Comercio. Sigo sin entender que se ignore el turismo o no se le dé el peso debido en la toma de decisiones. Y no me vengan con historias de encuentros en la tercera fase. Si no está en la mesa la opinión de la ministra, no cuenta como debería, así de simple.

Desde el minuto uno hemos puesto de manifiesto las necesidades del sector y siempre nos contestan que se está preparando un plan específico y que pronto lo expondrán. Pues señores, pronto es tarde. El turismo no puede seguir así. Menos mal que nos pusimos a ello y en semana y media elaboramos los protocolos frente a la pandemia, porque si no estaríamos todavía poniendo pegatinas en las puertas de los locales a ver cuál más imaginativa.

Todo es improvisación, mensajes contradictorios y errores de bulto en la comunicación por parte del Gobierno, que se traducen en pérdida de nuestra confianza y de la de los clientes. Comunicar mal lo de la famosa cuarentena, decir que se abre en una fecha y dos horas más tarde cambiarlo como si esto fuera el BOE −perdonen la broma−, esperar publicaciones que han llegado ‘in extremis’ un domingo a las 11 de la noche. Algunas de esas situaciones se pueden entender y son comprensibles, pero ya está bien.

Es la hora, la hora del turismo. La hora de salvar los muebles de la temporada de verano para la gran parte de la hotelería de España. No más excusas, no más lamentos; ya ni siquiera el problema económico puede servir de reproche, pues Europa ha soltado ‘la pasta’. No creo que pretendan hacernos esperar al 30 de junio para decirnos cómo se van a prorrogar los ERTE en el sector y sus consecuencias. Necesitamos certezas y con la antelación suficiente para poder reaccionar. Abrir un hotel necesita su tiempo, y más si quiere hacerlo con clientes. Y a este respecto hemos salido una y otra vez contando lo que el sector necesita.

Prolongar ¡ya! hasta el 31 de octubre, de momento, los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico, dotándolos de una flexibilidad suficiente para que las empresas se líen la manta a la cabeza e intenten pescar en un río que está más seco que la mojama, a pesar de que muchos intenten hacer ver lo del efecto champán y esas cosas. Las empresas han de tener esa capacidad de meter y sacar personal del ERTE sin que eso suponga su ruina y sin tener que esperar a mil interpretaciones por parte de los dos ministerios, Trabajo y Seguridad Social, para saber si por incorporar a un servicio técnico en un hotel pasan a ERTE parcial los miles de empleados de una cadena, por ejemplo. Los que trabajen -y les aseguro que lo que queremos es trabajar- cotizarán y los que se mantengan en el ERTE deberían seguir con las exoneraciones actuales, por lo menos hasta el 31 de octubre. Es la manera más honesta, práctica e incluso barata para las arcas públicas. Si un empresario ve posibilidad de abrir lo hará y si tiene esa flexibilidad todo fluirá y no solo en nuestro sector, si no en España en general, aunque algunos ministros desconozcan lo de nuestra transversalidad, importancia y que somos los dinamizadores de nuestra economía. Si nosotros tiramos, tiran los demás.

Llevamos tres meses pidiendo por todos los medios, contactos políticos, ministerios diversos e incluso directamente con la Presidencia del Gobierno que se adopte un periodo de carencia automática en las bajas de capital de las operaciones financieras turísticas por periodo de un año. Ya no nos queda sino pedirlo en hebreo. ¿Es tan difícil de entender que con la que tenemos encima y la que nos viene por delante debamos proteger a nuestros empresarios para que no pierdan los activos? No solo eso, ¿es tan difícil de entender que necesitaremos rebajar las salidas de caja al mínimo para poder tomar decisiones más valientes con respecto al inicio de la actividad? Pero si esto no cuesta un duro a nadie e incluso beneficiaría a las entidades financieras, si se retocan ligeramente los criterios de provisiones ante el regulador. Esta medida ayudaría también a los alquileres, puesto que la presión en los propietarios sería menor y, por tanto, más fácil echar una mano a los inquilinos. Esto es rápido, fácil, barato y una tabla de salvación para gran parte del sector.

En el caso de Canarias, permítanme la licencia por ser mi tierra, aún no hemos cobrado de la turoperación los meses de la temporada alta −enero, febrero y marzo− cuando nos han caído encima los meses de cierre por esta pandemia. Ahora no sabemos cuándo podremos abrir, pero sí sabemos que cuando lo hagamos las tensiones de tesorería serán brutales y que los turoperadores estarán apretándonos, pidiendo ofertas y crédito a pesar de todo lo que nos deben. Lo más triste es que tendremos que pasar por el aro si queremos sobrevivir. ¿No será al menos loable pensar en una línea de avales que permita que esto pueda fluir? El Estado debería poner sobre la mesa esa línea de avales para que las empresas puedan dar crédito a esos gigantes internacionales con pies de barro y que las entidades financieras puedan descontar las facturas. El Estado podría hacer un análisis claro y en caso de quiebra de algunos de ellos tendríamos la deuda sindicada como país y podríamos sacarles los colores a esos países que siempre nos critican por vagos y que luego permiten que sus empresas nos engañen y nos roben quiebra tras quiebra. ¿Se acuerdan de Thomas Cook?

Necesitamos pagar esta factura de la COVID 19 y eso se hará a base de impuestos generados por la actividad económica. Muchos países están poniendo sobre la mesa medidas de fomento para incentivar a sus compatriotas a hacer turismo en su país, incluso le dan cheques al efecto. ¿Por qué no se bonifica a través de una deducción en el IRPF de este año a los españoles en un porcentaje de los gastos realizados en turismo esta temporada? No solo serviría para incentivar y aliviar un poco las maltrechas economías familiares, sino que al mismo tiempo contribuiríamos todos en la recaudación de impuestos. Un estudio reciente del Gobierno de Canarias ponía de manifiesto que apenas el 15% de la planta de vivienda vacacional está dada de alta. En las Islas Canarias esta planta supone ya el 25% de la oferta. El que lo quiera entender que lo entienda.

Podría seguir con un sinfín de medidas que hemos propuesto desde la patronal CEHAT y desde algunos lobbies o clubes de empresas del sector con muy buena voluntad y acierto.  Pero para finalizar esta reflexión, me pregunto qué está pasando con nuestro Ministerio. ¿Qué está pasando con algunos de sus miembros más valiosos? ¿Por qué se van? ¿Dónde está el nombramiento del director general de Turespaña? ¿Alguien no está de acuerdo en que es un puesto clave para la recuperación del sector que debe tener al frente a alguien cualificado y que entienda de esto?

Necesitamos un Ministerio de Turismo fuerte. Que sea valiente, resolutivo, que tome decisiones de sentido común en el momento en que hay que tomarlas, que se nutra de los y las mejores profesionales, y que sean escuchados por el presidente del Gobierno. Es nuestra hora… la hora del turismo.

Jorge Marichal, presidente de CEHAT